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El millonario robo en las gasolineras ¿quién tiene la culpa?

Expendedores y gobierno cruzan acusaciones por robos en gasolineras a 32 millones de consumidores; el hurto suma 3,580 mdp este sexenio: Economía

(LA CRÓNICA.COM)

Mientras autoridades reguladoras y empresarios gasolineros se acusan unos a otros de orquestar negocios ilícitos, más de 32 millones de consumidores de gasolina y diesel en el país padecen perjuicios económicos todos los días.

La batalla entre ambos actores se ha intensificado a un mes de que entren en vigor la modificación a la Norma Oficial Mexicana 005 (que reglamenta la parte electromecánica de los dispensarios) y la nueva NOM 185 (que por primera vez controlará los aspectos informáticos o de software), las cuales obligan a dueños de gasolineras a cambiar o adecuar al menos 40 mil de las 43 mil bombas en las estaciones de servicio a nivel nacional.

La Secretaría de Economía (SE), encargada del proceso normativo, señaló que con base en las verificaciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, el desfalco a usuarios por combustible pagado no entregado asciende a 3 mil 580 millones de pesos en lo que va del sexenio —alrededor de 622 mdp anuales—.

“No es lo mismo que se pase un mililitro del error máximo tolerado, a que se robe de manera descarada el 20 por ciento del combustible que se paga”, dice a Crónica Christian Turégano, titular de la Dirección General de Normas de la SE, quien asegura que la normatividad y los modelos actuales de dispensarios permiten verificar menos del 50 por ciento del esquema de venta:

“Los 622 millones de pesos anuales son sólo la punta, sabemos que debe haber mucho más pérdidas, porque más de la mitad del proceso no se está supervisando”.

Esa parte en el olvido, afirma, se refiere en su mayoría al software o sistema informático que ordena las instrucciones operativas de las bombas, el cual nunca en la historia ha sido revisado y que está identificado como la principal fuente de fraude y robo a los ciudadanos.

“Hoy desconocemos si el software de los dispensarios manda instrucciones maliciosas o alteradas”, reconoce Gerardo Herrera Huizar, director general de Verificación de Combustible de Profeco.

Sin embargo, los dueños de estaciones de servicio niegan ser delincuentes o timar a los clientes. Para el 60 por ciento de ellos, agrupados en la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), las normas que en teoría deberán aplicarse a partir del próximo 26 de octubre, sólo esconden tranzas multimillonarias de funcionarios públicos, quienes, aseguran, han fraguado campañas para desprestigiarlos; adelantan que no las cumplirán. El otro 40 por ciento de gasolineros —identificados como propietarios de los grupos más poderosos y oficialistas—, agremiados en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), ha solicitado extender el plazo seis meses más, “pues ni siquiera los fabricantes cuentan con dispensarios con las características solicitadas”.

Según Amegas, detrás de las normas se oculta un negocio de 5 mil millones de pesos, “y lo que los funcionarios de gobierno buscan es cobrar comisiones superiores a mil millones de pesos antes de que finalice el sexenio; no compraremos las bombas y así evitaremos una rapiña”, advierte Juan Pablo González, presidente de la Asociación.

Rechaza los porcentajes de robo de gasolina ventilados por la SE: “Si hay faltantes al despachar, se trata de diferencias volumétricas propias de la precisión, cantidades mínimas que no valen la pena. No se vale que, sin fundamentos, quieran equiparnos con el crimen organizado”.

Juan Manuel Arellano, presidente de la Asociación de Gasolineros de Baja California, señala: “A nuestro sector lo tienen con la pata en el cuello, nos hostigan; con información falsa de que robamos a la gente, nos pisotean y desprestigian, lo que pretenden es tapar la verdadera afectación al público: los gasolinazos de cada mes”.

Tiroteo. —¿Es o no un negocio de fin de sexenio? —se cuestiona a Christian Turégano en su oficina de la SE.

—Eso fue lo que dijeron en 2005, que el entonces titular de Profeco, Carlos Arce, era socio de una de las empresas fabricantes de dispensarios… Es falso, los únicos beneficiados serán los automovilistas, que estarán protegidos contra prácticas fraudulentas.

En medio del tiroteo —como siempre— están los consumidores: tras un sondeo realizado en diversas gasolineras, coinciden en que no les cargan los litros pagados, pero tampoco confían en los programas impulsados por las autoridades.

Víctor Aguado: “Las tranzas merman directamente la economía familiar. Tener una gasolinera debe ser un gran negocio como para que todavía los empresarios roben al público, no se entiende por qué las autoridades han tardado tanto en implementar sistemas confiables”.

Mario Millán: “Los aumentos en el precio, así como las trampas a la hora de llenar los tanques, encarecen bienes y servicios; sube el flete de las empresas y todos lo pagamos”.

Ramón Prado, taxista: “Sabemos que hay muchas mañas: a veces le aprietan al disparador de la manguera y avientan puro aire, o le ponen el famoso ratoncito y de ahí le van jalando, he calculado que roban dos pesos por litro”.

Rojeta Puasch: “Le echamos la culpa a los despachadores, pero ellos sólo están dirigidos por los dueños; lo mejor sería que el sistema fuera automático y cada quien pudiera servirse el combustible que necesita”.

Ilegalidad. En los últimos dos años el despacho de combustible en las estaciones de servicio del país ha estado en la ilegalidad, sin regulación actualizada.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas deben revisarse y modificarse cada cinco años. No obstante, la NOM 005 que hoy sigue aplicándose —y que no obliga a que las bombas cuenten con instrumentos que transparenten su operación— arrancó en noviembre de 2005 y, según el Programa Nacional de Normalización, su proceso de modificación debió concretarse entre enero y junio de 2010.

Por una valoración equivocada de impacto económico, el proyecto de norma de la SE fue en su momento reprobado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y el plazo se venció…

Suman entonces dos años de vacío jurídico en un ámbito ya de por sí plagado de corruptelas y estafas. Como los 622 millones de pesos anuales de robo ya referidos, es apenas la punta del iceberg…