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Diputado propone cárcel a quien cobre cuotas escolares

El legislador del PVEM, Tomás Torres, impulsa una iniciativa para elevar a delito penal a quien condiciones el ingreso a cualquier alumnos de nivel básico y media superior

Ciudad de México

Febrero 6 de 2013. Miércoles

El diputado federal del PVEM Tomás Torres Mercado impulsa una iniciativa para elevar como delito penal el cobro de cuotas escolares.

El cambio al Código Penal Federal permite sancionar con entre tres días y hasta tres años de prisión, además de multa de 300 días de salario mínimo, a quien condicione el ingreso a cualquier alumno en centros de educación pública, impartida por el Estado, en los niveles básico o medio superior, al pago de cuotas por ello.

El legislador por Zacatecas considera en su iniciativa, agendada hoy en la Gaceta Parlamentaria, endurecer las actuales regulaciones, y "elevar la dureza de la normatividad hasta hacer de la conducta, un tipo penal, esperando de ese modo una reflexión de parte de los actuales sujetos activos y por ende, una abstención de la nefasta conducta".

La propuesta objeto de la iniciativa, consiste en adicionar un artículo 215 bis al Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad, a la acción de establecer el condicionamiento para el ingreso, permanencia, a los interesados, en el derecho humano a la educación pública y gratuita.

"Es decir, hagamos factible el derecho humano constitucional del acceso a la educación con gratuidad, pero no impongamos una carga a quienes libremente concurran a otorgar una cantidad voluntaria en dinero.

"No debe permitirse bajo ninguna circunstancia, que la posición jerárquica o administrativa o de supuestas relaciones con las administraciones escolares de una o algunas personas, los envista de cierta ventaja sobre los usuarios del servicio público de educación para requerirles dinero a cambio del servicio esencialmente gratuito impartido por el Estado", señala.

La propuesta es parte de la agenda legislativa conjunta entre PRI y PVEM aprobada la semana pasada, para el actual periodo ordinario de sesiones.

Tomás Torres considera en su iniciativa que solamente con la colaboración de padres de familia, alumnos, autoridades y la sociedad en general, "podremos evitar la práctica del cobro por la permanencia en los sistemas educativos del país, pero además, daremos un paso firme y sólido para el desarrollo del pueblo y la mejor calidad de vida de todos los mexicanos".

La propuesta de decreto adiciona un artículo 215 Bis del Código Penal Federal:

"Artículo 215 Bis. Se equipara al abuso de autoridad y se sancionará con tres días hasta tres años de prisión, y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, ó retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie".

Tomado de El Universal